Managua, 22 de noviembre de 2012/ El 22 de noviembre se realizó el Foro “Quiero un vida libre de violencia: Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, el cual fue realizado por la Comisión Nacional Inter Institucional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer, con el objetivo de efectuar la evaluación de la aplicación de la Ley 779, Ley Integral de Lucha contra la Violencia Hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No 641, “Código Penal”, en sus primeros 100 días de implementación.

En el Foro se realizó el acto de adhesión a la Campaña “ÚNETE para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres”, de parte de la Comisión Nacional Inter Institucional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer.

A continuación, las palabras de apertura del Foro, a cargo del Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas, Sr. Pablo Mandeville.

Mensaje del Coordinador Residente:

Buenos días. Hoy nos hemos reunido para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este año lo hacemos participando en este foro titulado: “Quiero una vida libre de violencia. ÚNETE para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres”, organizado por la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, con el objetivo de evaluar los 100 días de implementación de la Ley 779.

En este foro se concretará también la adhesión formal de esta Comisión a la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres”.

 Los Estados que han firmado y ratificado los instrumentos universales y regionales de derechos humanos que salvaguardan la vida, la libertad y la dignidad de las personas, asumen el compromiso y la obligación de proteger a las mujeres de la violencia, responsabilizar a los culpables e impartir justicia, además de reparar los daños causados a las víctimas.

Pese a estos compromisos, la violencia contra las mujeres persiste en todos los países del mundo como una violación generalizada de los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para el pleno ejercicio de la igualdad de género. De acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas, la eliminación de la violencia contra las mujeres es “uno de los más graves desafíos de nuestra época”.[1]

Actualmente, 603 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violencia doméstica aún no es considerada un delito. A nivel mundial, seis de cada diez mujeres han sufrido violencia física y/o sexual en su vida. La violencia sexual sigue estando presente en muchos países ya sea en tiempos de paz como en épocas de conflicto. El femicidio azota nuestros países, en algunos bajo la más absoluta impunidad. Más de 60 millones de niñas son obligadas a contraer matrimonio y 140 millones de niñas y mujeres sufren mutilación femenina. Más de 600 mil mujeres y niñas son traficadas a través de las fronteras cada año, la gran mayoría con fines de explotación sexual.

Y aunque la igualdad entre mujeres y hombres está garantizada en las constituciones de 139 países y territorios, con frecuencia se les niega a las mujeres el acceso a la justicia y a la protección contra los abusos. La pregunta entonces es: ¿qué más podemos hacer para enfrentar este flagelo?

Para responder a este enorme desafío y acelerar los esfuerzos de las Naciones Unidas, en el año 2008 el Secretario General Ban-Ki Moon lanzó la Campaña “ÚNETE para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres”, cuyos objetivos son:

  1. Adoptar y aplicar leyes nacionales para tratar y castigar todas las formas de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes;
  2. Adoptar e implementar planes nacionales de acción integrales y multisectoriales, adecuadamente financiados.
  3. Fortalecer los sistemas de recolección y análisis de información sobre la incidencia de las diferentes formas de violencia contra mujeres y niñas.
  4. Aumentar la conciencia de la población y la movilización social en torno a la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas.
  5. Prevenir y sancionar la violencia sexual en situaciones de conflicto y post-conflicto.

En Nicaragua, a lo largo del presente año 2012 se han dado muy importantes avances para la eliminación de la violencia de género hacia las mujeres de todas las edades. En enero, la Asamblea Nacional aprobó la Ley No, 779: Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641, Código Penal, que tipifica como delitos el femicidio, la misoginia, la violencia patrimonial, la violencia laboral y psicológica, y la violencia contra la mujer en el ejercicio de la función pública.

En marzo se presentó a las autoridades nacionales el Modelo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (MAI), que es un conjunto de procedimientos de gestión que fortalece la articulación del sistema de atención para proteger a las víctimas de delitos, realizando acciones de investigación, persecución y sanción penal desde el conocimiento del hecho, hasta su recuperación, resarcimiento de daños y restitución de derechos.

En junio se creó e instaló una entidad de alto nivel: me refiero a la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, encargada de formular la política de prevención, atención y protección para las mujeres víctimas de violencia, gestionar presupuestos, ejecutar planes interinstitucionales y ocuparse del monitoreo y seguimiento sobre el fenómeno de la violencia hacia las mujeres.

En el marco de la Campaña ÚNETE para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, el Sistema de las Naciones Unidas, continuará apoyando a las instituciones integrantes de la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres en la implementación de la Ley 779, mediante la articulación de esfuerzos y acciones, que deriven en estrategias de comunicación y movilización social orientadas a generar cambios en las concepciones y actitudes imperantes en la sociedad. Especial reconocimiento se merece UNFPA abriendo brecha, espacios en los que convergen las demás Agencias del Sistema de Naciones Unidas, como el PNUD, ONU Mujeres, la OIT, UNICEF, la OPS/OMS, y una largo etc. 

En todos estos esfuerzos, promovemos siempre una perspectiva de género intercultural, de forma que se generen respuestas efectivas en los pueblos y regiones indígenas y afrodescendientes. 

La manera más efectiva para avanzar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, es respaldando con acciones concretas el compromiso político de los Estados y en ese sentido, saben que pueden contar con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas.

Muchas gracias.


[1] Naciones Unidas, 2006, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, Informe del Secretario General


19 de noviembre del 2012, Bluefields, RAAS/ El Gobierno y el Consejo de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS),  autoridades municipales y líderes comunitarios, presentaron junto al Sistema de las Naciones Unidas, los resultados de los Programas Conjuntos Gobernabilidad Económica del sector agua y saneamiento; y el Programa Conjunto Revitalización Cultural y Desarrollo Productivo Creativo de la Costa Caribe de Nicaragua, ambos en función de avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) “Reducir la pobreza extrema y el hambre” (ODM 1); y “Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente” (ODM 7).

Para ambos Programas Conjuntos –que se vienen ejecutando en los últimos tres años y medio–, se han destinado $16,1 millones de dólares, recursos aportados por el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM), financiado por el Gobierno de España.

Los Programas Conjuntos F-ODM, son un mecanismo de país que apunta al fortalecimiento de las capacidades nacionales, el cumplimiento de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo Humano y el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La presentación de los resultados de ambos Programas Conjuntos en la RAAS, se realizó con la participación de la Sra. Vernadine López, Presidenta del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur; el Sr. Domingo Truesdale Hodgson, Coordinador del Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur; el Sr. Roberto Cuthbert, Alcalde Municipal de Laguna de Perlas; y el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas, Sr. Pablo Mandeville.

La presentación de los resultados de ambos Programas Conjuntos, tuvo como contexto las Festividades del Día Nacional Garífuna & Centenario de Orinoco (Laguna de Perlas, RAAS). Como parte de las actividades de presentación de impacto de ambos programas se inauguró el Centro de Interpretación Cultural (CIC) en Orinoco y se visitó la Escuela Enmanuel Mongalo de Orinoco, donde se habilitaron servicios de agua y saneamiento.

Programa Conjunto Revitalización Cultural y Desarrollo Productivo Creativo de la Costa Caribe de Nicaragua

El  objetivo fundamental del Programa Conjunto ha sido reducir las brechas de inequidad en el desarrollo humano, cultural, social y económico de pueblos indígenas y afro descendientes de la Costa Caribe, a través de la revitalización cultural, el desarrollo productivo y la profundización en el conocimiento y el ejercicio de derechos vinculados a su patrimonio material e inmaterial.

Rasgos culturales tradicionales de la población de la Costa Caribe —y particularmente de los pueblos indígenas y afro descendientes— han enfrentado situaciones de vulnerabilidad cultural debido a diversos factores de riesgo, siendo la pobreza el factor principal, por lo que en el marco de este Programa Conjunto, la revitalización cultural ha sido un elemento esencial para su empoderamiento. La inversión total en dicho Programa Conjunto de Cultura y Desarrollo equivalió a $ 8 millones 464 mil dólares en la RAAS y RAAN.

El Programa Conjunto se enfocó en fortalecer y revitalizar la cultura potenciando oportunidades económicas y productivas entre  los pueblos indígenas y afro descendientes del Caribe de Nicaragua: Miskitus, Mayangnas/Sumus, Ulwa, Ramas, Creoles y Garífunas. Todos estos pueblos coexisten con la población mestiza.

Programa Conjunto Gobernabilidad Económica del sector agua y saneamiento

El Programa Conjunto tuvo como objetivo fortalecer la gobernabilidad económica del sector agua y saneamiento en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, a través de una mayor participación y coordinación entre actores institucionales y sociales, así como fortalecer el marco institucional y la inversión en infraestructura, buscando incrementar el acceso sostenible a los servicios de agua y saneamiento, priorizando a los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes.

La gobernabilidad del sector agua y saneamiento en la RAAN y RAAS ha sido elegida por ser coincidente con las prioridades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, un sector de gran
necesidad para la vida y el desarrollo, así mismo el acceso al agua y el saneamiento es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Dicho Programa Conjunto tuvo una inversión total de $ 7,7 millones de dólares. Como resultado del Programa, hubo un  12,2% de incremento en acceso a servicios de agua y 5,8% de servicios mejorados de saneamiento en municipios de la RAAN (Waspam, Bonanza, Prinzapolka, Rosita); y la RAAS (Desembocadura, La Cruz de Río Grande, El Tortuguero, Laguna de Perlas y Bluefields).

Como resultado del Programa, 23 mil personas más acceden a servicios de agua potable y/o saneamiento; y aproximadamente 78 mil se benefician de forma indirecta con el manejo de los desechos sólidos. El Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) número 7 apunta a “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, estableciendo como meta para el año 2015 reducir a la mitad la proporción de población mundial sin acceso a agua y saneamiento.

Información complementaria sobre los Programas Conjuntos F-ODM 

A nivel nacional, han sido seis los Programas Conjuntos F-ODM que se han venido ejecutando entre el 2008 y el 2012, con una inversión total de $ 39.2 millones de dólares. De esos seis Programas Conjuntos, cinco de ellos han tenido intervención en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur de Nicaragua, estimándose aproximadamente $27 millones para dichas regiones.

Dichos Programas Conjuntos se enfocan en: Medio Ambiente, Género, Cultura y Desarrollo, Gobernabilidad Económica, Juventud y Empleo; Infancia y Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

En los seis Programas Conjuntos F-ODM ejecutados a nivel nacional, han participado 13 Agencias del Sistema de las Naciones Unidas con asistencia técnica.


Managua, 15 de noviembre 2012/ Con la participación de Federaciones y Confederaciones Sindicales y el Comité Nacional de Mujeres Sindicalistas, fue presentado el Estudio “Combatiendo la Desigualdad desde lo básico: Piso de Protección Social e Igualdad de Género”, estudio promovido por tres Agencias del Sistema de las Naciones Unidas: la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres); la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El concepto de Piso de Protección Social fue desarrollado por la OIT sobre la base de las experiencias recientes de ampliación de la protección, particularmente en los países en desarrollo, como es el caso de Nicaragua. En el 2010, los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la sede de las Naciones Unidas para analizar 10 años del plan de acción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, consideraron la importancia de avanzar en la ampliación del acceso universal a servicios sociales esenciales en los ámbitos de la salud, el agua y el saneamiento, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda y otras esferas definidas en las prioridades nacionales.

Según el estudio, la protección social ampliada, puede ayudar a las personas a adaptar sus calificaciones y superar los obstáculos que dificultan su plena participación en un entorno económico y social cambiante. El piso de protección social constituye una medida coyuntural hacia el establecimiento de formas más amplias y robustas de seguridad social.

La seguridad social pretende eliminar la exclusión, garantizar niveles mínimos de ingresos que permitan a las personas subir al siguiente escalón y contribuir a la seguridad social, con mayores niveles de protección.

En sus palabras, el Sr. Pablo Mandeville, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas dijo que: “Es urgente que las políticas y programas nacionales se adapten al concepto de Piso de Protección Social y que garanticen coherencia entre políticas sociales, de empleo, ambientales y macroeconómicas, como parte de una estrategia de desarrollo sostenible”.

La protección social, debe de contribuir a mejorar el desarrollo del capital humano en el corto y largo plazo. Además de que debe estimular la actividad productiva de los países, eliminar las barreras que originan las desigualdades e inequidades en el cumplimiento de los derechos humanos entre los hombres y las mujeres.